San Luis pareció florecer bajo el poder del gobernador Adolfo Rodríguez Saá y el Régimen de Promoción Industrial que alentó la radicación de empresas a cambio de exenciones impositivas. Pero funcionarios provinciales se siguen valiendo de ese sistema para recaudar al margen de la ley. Hoy se multiplican los galpones vacíos y las empresas fantasmas que gozan de beneficios económicos sin producir. 


No dio la cara. No dio explicaciones. No respondió preguntas. Pero todos sus funcionarios lo mencionaron como el único que toma las decisiones en la provincia. "El Adolfo", como lo llama la gente, "El león" para sus allegados, firma los decretos con fecha adulterada que permiten que se sigan instalando empresas en la provincia. A cambio pide dinero. Y así mantiene su poder. 


La Promoción Industrial fue pensada para generar trabajo y reactivar la economía de las provincias. En San Luis produjo una explosión en los 80. En esa época se radicaron 2 mil empresas, de las que hoy sólo subsisten 70. Son las únicas que, por ley, deberían conservar los beneficios del sistema. Pero, violando las normas, el gobierno provincial sigue recaudando: promete los mismos privilegios a quienes quieran instalarse en suelo puntano y a cambio se queda con una "contribución". Una sola firma basta para garantizar la operatoria y es la del máximo responsable de la provincia: el gobernador Adolfo Rodríguez Saá. 
En el 83, cuando fue promulagada la Ley de Promoción Industrial, San Luis pareció un paraíso. A las empresas, el Estado no les cobró ni el IVA ni el Impuesto a las Ganacias, entre otros beneficios. Sin embargo, apenas permanecen 70 empresas o galpones semivacíos que ofician como depósito.

La ley tuvo vigencia por 15 años, hasta que un decreto del ex ministro de Economía Domingo Cavallo en el 96 prorrogó los beneficios por otros 15 años, sólo para aquellas empresas que, habiéndose instalado bajo el Régimen de Promoción Industrial, continuaran produciendo. Sin embargo, Telenoche Investiga probó que no es así: funcionarios del Gobierno, bajo la tutela de Rodríguez Saá, implementan maniobras que vulneran esa norma. Se trata de negocios millonarios que provocan pérdidas graves para el Tesoro de la Nación.

La investigación

T.I. llegó a San Luis simulando ser una consultora con dos clientes interesados en instalarse en la provincia. El primer encuentro fue con Gustavo Cerioni, funcionario de la Secretaría de Pequeña y Mediana Industria de la Presidencia. Entre el 91 y el 97 se había desempeñado como Subsecretario de Industria, y desde el 97 hasta el 98 como Subsecretario de Acción Social. Es uno de los ejecutores de la política de seducción desplegada por Rodríguez Saá para atraer empresarios y uno de los especialistas en quebrantar la ley.

Cerioni le ofreció a T.I. transferir los beneficios de una empresa que gozaba de Promoción Industrial. Es decir, el equipo iba a convertirse en propietario de una firma que se había instalado en San Luis bajo el sistema. Para eso, era imprescindible que el decreto que se firmara para permitirles gozar de los beneficios sin el pago de impuestos llevara la fecha en la que Cerioni había sido funcionario. Violar la ley era la única forma. Y debían firmar tanto él como el Gobernador.

El "decreto a medida" tenía un costo. Sobre el cálculo de las exenciones impositivas que gozaría la empresa en 15 años se sacaba un porcentaje que iría a parar a la caja del gobierno provincial. Los operadores de Rodríguez Saá habían aprendido de memoria la operatoria: armar el mejor negocio para el cliente y cobrarle en función de ese negocio.

En total, la gestión de Cerioni valía más de dos millones de pesos. La idea era vender una empresa beneficiada con la Promoción Industrial para no pagar impuestos. La mano de obra era lo de menos: en San Luis, el trabajo de un operario vale un peso la hora. Es, en realidad, en las "contribuciones" para la provincia donde están los egresos más importantes: la habilitación cada siete meses tiene un costo; organizar un evento o una exposición valen también.

Silvio Closa ocupa un puesto estratégico en el Ministerio de Industria y es el apoderado de la empresa que quería vender Cerioni. Fue el segundo contacto de T.I. y quien dio las garantías de su gestión para concretar la operación.

En tanto, Rafael Echenique es escribano de Gobierno. Su oficina está instalada en el mismo edificio que Cerioni, a pasos de la Gobernación. Siendo el hombre que Rodríguez Saá elegió para dar fe a los actos institucionales, ante el interés de T.I. desplegó un amplio abanico de ofertas. Las instalaciones fabriles que mostró valían entre 25 y 60 millones. Esas cifras extraordinarias equivalían al monto que el supuesto empresario ahorraría en la exención impositiva.

Existe otro negocio y consiste en permitirle a un empresario cambiar el rubro de su firma, un beneficio que sólo pudo solicitarse en el 96. De esta manera, una empresa puede conseguir instalar otra, aunque sea para otro producto, bajo el mismo Régimen de Promoción Industrial, duplicando, en este caso, sus beneficios.

Las prácticas fraudulentas que engendró este sistema se siguen, así, desarrollando en terreno oficial: la Casa de Gobierno de San Luis. Y todas las propuestas deben llevar la firma del Gobernador, que termina avalando una estrategia para vulnerar la ley. El dominio de "El Adolfo" o "El León" en la provincia es absoluto, y el imperio que construyó en 17 años de gestión, un caso sin precedentes en la historia argentina, parece inamovible