El imperio de los Rodríguez Saá 

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Cuando accedieron al poder en 1983, los Rodríguez Saá tenían un patrimonio típico de clase media, 17 años de gobierno después, sus bienes alcanzan valores millonarios.

Cuando llegó a la gobernación en 1983, Adolfo Rodríguez Saá declaró tener el patrimonio propio de un representante de la clase media, casi tan humilde como el de su hermano Alberto, quien hoy también es sospechado de ser dueño de un patrimonio millonario. En 1990 fue acusado formalmente de enriquecimiento ilícito, sin que la Justicia puntana pudiera encontrar delitos en su contra. 

La acusación fue firmada por sus actuales opositores, el diputado aliancista Juan José Laborda Ibarra y el secretario de Hacienda de la Municipalidad de San Luis, Arturo Petrino. La denuncia incluía datos curiosos, como la compra de seis autos cero kilómetro al contado y en muy pocos días en una misma concesionaria de San Luis. 

Rodríguez Saá tendría casas, autos último modelo, una residencia soñada en un cerro de Las Chacras, cerca de la capital, reales o imaginadas empresas y propiedades en el exterior y presuntos capitales obtenidos de supuestas coimas a las empresas que se radicaron en la provincia.

Según el intendente capitalino, Carlos Ponce, ex peronista y ahora su principal opositor, "Rodríguez Saá tiene la fortuna política más grande del país". Para Elías Taurant, un ex miembro del Tribunal Superior que fue obligado a renunciar, "su fortuna ranquea entre las más altas a nivel sudamericano". A Petrino le sorprende "que para mostrar su enriquecimiento ilícito sólo hablen de sus casas, que son lo menos significativo económicamente". 

El concejal aliancista Hugo Seitúa menciona que las empresas que se radicaron en la provincia "debieron pagar retornos del 10 por ciento" y que "no alcanzaría la imaginación para ver todo lo que se podría haber hecho con ese porcentaje, que en 17 años de gobierno, a 40 ó 50 millones por año, es de unos 800 millones que se 'perdieron'".

Hasta ahora, el Gobernador saltó todas las vallas que le pusieron y el año pasado soñó con el sillón de Rivadavia, lanzándose como pre-candidato para renunciar rápidamente después de haber gastado un presupuesto generoso en afiches y spots.

Se sabe que Rodríguez Saá vive alternativamente en dos propiedades suntuosas. En el centro su casa tiene 1240 metros cuadrados y cuesta un millón de pesos. En las afueras de San Luis, sobre el cerro, tiene una chacra de 34 hectáreas con parque, pileta, dique propio y helipuerto. La fortaleza vale 2 millones de pesos; sin embargo, el Estado provincial la valuó en 5 mil pesos y paga 10 pesos de impuesto inmobiliario cada dos meses.

Pero esta no es la única imputación que pesa en su contra. También fue acusado del vaciamiento del banco provincial por un grupo de legisladores opositores, quienes lo denunciaron ante la Procuraduría de San Luis para que explique cómo multiplicó su patrimonio desde que asumió por primera vez el cargo, el 10 de diciembre de 1983. 

Entre otras cuestiones, quieren saber el origen de los fondos con que su esposa, Alicia Mazzarino, compró una mansión de cuatro plantas, de 800 metros cuadrados, tasada en 1.200.000 pesos, cuando en 1983, antes de asumir como Gobernador, declaró bajo juramento que tenía una casa hipotecada y dos autos usados, un Volkswagen rural y un Renault 12. 

Su hermano Alberto también fue acusado de enriquecimiento ilícito. Al asumir su cargo de senador declaró una única propiedad, mientras que hoy, sería dueño, junto con Adolfo de varias propiedades en Capital Federal y Punta del Este. Además, serían propietarioos de un diario, "El diario de la República" -el ex "Diario de San Luis", comprado por Alberto, que monopoliza la publicidad oficial. 

Según fuentes locales, los Rodríguez Saá y sus esposas habrían comprado una gran cantidad de automóviles cero km. en 1988. Adolfo, aparte de la mansión en donde vive, tendría varias propiedades más y Alberto optó por una fortaleza en un campo de El Durazno.

Por otra parte, la oposición denuncia que el Poder Judicial se encuentra en evidente dependencia del Ejecutivo provincial. Carlos Sergenese, presidente del Superior Tribunal y del Jurado de Enjuiciamiento fue el abogado de Adolfo Rodríguez Saá en un pleito judicial contra el diario "La Razón". Además fue ex subsecretario de Hacienda; ex ministro de Gobierno; ex presidente - interventor del Banco de la Provincia de San Luis; ex interventor del Centro de Jubilados de la Provincia; ex director de Rentas; y ex interventor de Hidronor. 

A pesar de que ya lo hicieron todos sus colegas de la Cámara Alta, los senadores del PJ de San Luis Alberto Rodríguez Saá y Carlos Sergnese siguen negándose a difundir sus declaraciones juradas de bienes. El diputado de la Alianza de San Luis, Juan José Laborda Ibarra, lo denunció por supuesto enriquecimiento ilícito y afirmó que tendría bienes por 22 millones de pesos.

Según la acusación, Alberto Rodríguez Saá pasó de tener una casa y dos vehículos usados en 1983, a poseer actualmente 25 inmuebles y participación accionaria en sociedades anónimas.

Laborda se pregunta cómo hizo el senador con un "único" ingreso como legislador de unos 5 mil pesos mensuales, para comprar directamente o a través de testaferros esos 25 inmuebles que incluyen un edificio ubicado en Rivadavia y Pedernera, donde está instalada una réplica de un casino de Las Vegas con Estatua de la Libertad incluida, valuado en 1 millón de pesos; una vivienda en la calle Lavalle, donde tiene una cancha de básquet propia y que rondaría los 400 mil; el Palacio Mollo tasado en 700 mil pesos; una vivienda en la calle Junín, donde funciona la Fundación de Investigación Social Argentino-Latinoamericana (70 mil); la ex hostería de Merlo adquirida a la provincia mediante remate público (400 mil); por 250 mil pesos habrían adquirido la ex hostería provincial de Balde; por 700 mil, la Hostería de Cruz de Piedra; los Campos en el Durazno, de más de 1.000 hectáreas, con un casco histórico les habrían costado 1.500.000.

Además, la denuncia también afirma que Rodríguez Saá sería el propietario en Buenos Aires de varios departamentos, uno ubicado en Libertad al 1200, cuyo valor llega al millón de pesos. En Uruguay, tendrían un departamento en el edificio El Torreón de Punta del Este, tasado en otro millón de dólares. Sin contar los varios vehículos, entre ellos, un BMW 1999 valuados en 200 mil dólares en total.

Para el delito de enriquecimiento ilícito, el Código Penal establece que se invierte la carga de la prueba; es decir que los Rodríguez Saá deberían demostrar con qué ingresos lícitos aumentó su patrimonio desde el 83 hasta la fecha.